Tepic Nayarit (RRC): En el panorama político de Jalisco, la figura de José Luis Sánchez González, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT) y aliado clave de Morena, ha generado controversia debido a un extenso historial judicial que contrasta con su imagen pública como “Arquitecto de Esperanzas”. Archivos del Supremo Tribunal de Justicia de Nayarit revelan al menos 16 expedientes penales abiertos en su contra, que incluyen delitos como lesiones, daño en propiedad ajena, despojo, fraude y un caso particularly grave de aborto en grado de tentativa registrado en 1988 bajo el expediente 136/88 en Tepic. Este prontuario, documentado en reportes de medios como Milenio, pone en evidencia una carrera política marcada por litigios y expulsiones partidarias, mientras goza de la protección del fuero constitucional.
La trayectoria de Sánchez González en Nayarit está plagada de incidentes. En los años 80 y 90, fue expulsado del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) por presuntamente apropiarse de prerrogativas económicas y desviar recursos públicos para uso personal. En 1993, enfrentó un juicio de desafuero por despojo y una orden de aprehensión por fraude, lo que lo llevó a ser declarado “persona non grata” en el estado y a migrar políticamente a Jalisco. Fuentes judiciales de ambos estados confirman que estos procesos han coexistido con su ascenso en el ámbito público, donde ha utilizado métodos de movilización social que, según denuncias, involucran condicionamientos coercitivos para obtener lealtad electoral.
En Jalisco, donde representa el Distrito 13, Sánchez González enfrenta actualmente cinco denuncias penales vigentes por fraude específico, abuso de autoridad y extorsión inmobiliaria. Testimonios de víctimas, reportados en publicaciones como Mural en 2024, indican que condiciona el acceso a programas de vivienda y terrenos ejidales a “cuotas voluntarias” y apoyo político, convirtiendo las necesidades de sectores vulnerables en capital electoral para negociar posiciones en la Cuarta Transformación. A pesar de estos señalamientos, sus aliados en el Congreso han bloqueado cualquier trámite de juicio de procedencia, permitiendo que los delitos prescriban con el tiempo.
Este blindaje se fortalece con su exhibida cercanía a figuras prominentes como la presidenta Claudia Sheinbaum y el senador Gerardo Fernández Noroña, utilizada como escudo mediático. A diferencia de casos como el de Mauricio Toledo (también del PT), donde se procedió judicialmente, Sánchez González mantiene su impunidad gracias al fuero. Reportes recientes en redes sociales y medios locales, como publicaciones en Facebook y X, reiteran estos 16 expedientes, destacando la fragilidad de los filtros de elegibilidad en el sistema electoral mexicano.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) permite candidaturas sin sentencias firmes, priorizando la movilización de masas sobre la integridad moral. Este “expediente negro” no solo cuestiona la ética individual de Sánchez González, sino la del bloque oficialista que pregona honestidad mientras cobija perfiles controvertidos. En un contexto donde la justicia parece selectiva, decenas de víctimas de fraude y despojo permanecen en el desamparo, frente a un legislador que edifica su poder sobre opacidad.
Fuentes consultadas coinciden en que, pese a las controversias, Sánchez González continúa activo en el PT, confirmando incluso antecedentes de colegas como el diputado Leonardo Almaguer, cuya situación prescribe por antigüedad. Esta historia refleja los desafíos persistentes en la transparencia política mexicana, donde el fuero sigue siendo sinónimo de impunidad.
